La Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura han solicitado formalmente una prórroga de diez días para completar y entregar la información requerida por la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esta solicitud se enmarca en el proceso de fiscalización sobre los incrementos patrimoniales injustificados que podrían presentar los alcaldes y prefectos del país, incluyendo a las autoridades locales del Guayas.
Según lo informado por El Universo este domingo 20 de septiembre de 2026, la extensión del plazo busca garantizar que las instituciones puedan realizar un análisis exhaustivo de los activos declarados por los gobernantes municipales y provinciales. La Comisión de Gobiernos Autónomos ha estado exigiendo estos informes para verificar el cumplimiento de las normas de transparencia y legalidad en la gestión de los recursos públicos.
Esta solicitud de tiempo adicional refleja la complejidad de revisar los estados patrimoniales de múltiples autoridades a nivel nacional, con un impacto directo en la provincia de Guayas. Para la ciudadanía guayaquileña y de los 25 cantones, este proceso es fundamental para asegurar que el Estado funcione con eficiencia fiscal y responsabilidad, pilares clave para el desarrollo económico y la seguridad institucional de la región.
Se espera que, una vez vencido este nuevo plazo, se haga público el resultado de las investigaciones sobre los bienes declarados por los prefectos y alcaldes. La transparencia en estas declaraciones es un tema de interés público constante, ya que permite a los contribuyentes conocer si la gestión de sus gobernantes locales se ajusta a la legalidad vigente.
